El reinado de Fernando VII (1814-1833)
Un grupo de diputados conservadores presentó el manifiesto de los persas, un escrito en el que también exigían la abolición de la constitución de Cádiz y la reimplantación del absolutismo.
La constitución fue derogada y se recuperaron las instituciones de gobierno propias del antiguo régimen, el rey recuperó el poder absoluto. Los liberales fueron condenados a prisión o destierro, se restablecieron los señoríos feudales, se restauró el tribunal de la inquisición y se aceptó el regreso de los jesuitas.
Respecto a las propiedades desamortizadoras, el rey se negó a devolver aquellas que se habían expropiado antes de 1814.
La restauración absolutista de Fernando VII contó con un contexto internacional favorable, las potencias europeas como Austria, Prusia, Rusia y Francia se unieron en una coalición llamada la Santa Alianza con el objetivo de restaurar y defender las monarquías absolutistas.
El retorno del antiguo régimen no ayudó a recuperarse de la grave situación económica. La actividad económica había quedado paralizada por el conflicto. El Estado estaba en bancarrota económica, a esta situación cubo que añadir el desarrollo de los movimientos emancipadores de las colonias americanas. La guerra también implicó cambios en el ejército, incorporación de los antiguos cabecilla querré brillos Guerrero y Josh que Reguillos campesinos o miembros de la burguesía hermana se convirtió en oficiales. Se empezó a contar con un ejército nacional que incorporaba diferentes ideologías. Esta situación, favoreció la rebeliones militares o pronunciamientos, protagonizados por militares afines a la ideología liberal.
El trienio liberal (1820-1823)
El rey Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución y convocar las cortes, se implantó el Estado liberal. Se recuperó parte de la obra legislativa de Cádiz como la supresión de la inquisición, la eliminación de los gremios, desamortizaciones, la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos o la supresión de los señoríos.
Se destaca la creación de la milicia nacional, un cuerpo de voluntarios armados encargado de conservar el orden público.
Empezaron a aparecer divergencias de opiniones entre ellos: moderados (que provenían de la experiencia constitucional de 1812) y exaltados (que buscaban reformas más radicales) y existía también una oposición absolutista ejercida por las clases privilegiadas y el mismo monarca.
La reacción popular fue indiferente o incluso hostil, algunos campesinos resultaron perjudicados por los impuestos creados por el nuevo gobierno liberal y no obtuvieron beneficio de las tierras desamortizadas. Se sumaron a las partidas de guerrilleros que luchaban por el retorno del absolutismo. Estos grupos, llamados realistas, fueron ganando terreno y se llegó a crear una regencia absolutista en la Seu d'Urgell.
El gobierno liberal sobrevivió a estos problemas y su caída se debió a una intervención militar extranjera. La santa alianza decidió intervenir tras el congreso de Verona y en 1823, los llamados 100.000 hijos de San Luis, un ejército absolutista francés dirigido por el Duque de Angulema, derrocaron el régimen liberal y restauraron el absolutismo en el Estado español.
A pesar de la voluntad del rey de recuperar el absolutismo, la situación económica era insostenible y requería medidas administrativas modernizadoras y más propias del sistema liberal. Fernando VII tuvo que reformar la Hacienda, crear el banco de San Fernando y aprobar leyes que regularan y revitalizaran el comercio.
El resultado fue una fórmula cercana al reformismo de los ilustrados que no o fue del agrado de los liberales ni de los defensores del absolutismo más radical, los llamados realistas o apostólicos.
La oposición liberal continuó activa en sociedades secretas clandestinas y organizaron intentos de pronunciamientos. Los realistas no aprobaban las reformas administrativas y siguieron actuando a través de la guerrilla. Contaban con la ayuda de la Iglesia de los campesinos de algunas zona rurales de Cataluña, País Vasco, Navarra, Aragón y Valencia.
El pleito dinástico.
Fernando VII enviudó por tercera vez sin haber tenido descendencia, situaba a su hermano menor Carlos María Isidro de Borbón como sucesor, que se había declarado absolutista y constituyó la esperanza de los realistas para restaurar el antiguo régimen. Fernando VII se volvió a casar con María Cristina de Borbón y tuvo una niña, Isabel. Al ser la sucesora una mujer, Fernando VII tuvo que derogar la ley Sálica que impedía reinar a las mujeres con la Pragmática Sanción en 1830.
En 1832, Los sectores apostólicos organizaron una conspiración, los sucesos de la Granja, obligaron a Fernando VII a derogar la pragmática sanción. Cuando el monarca se recuperó volvió a promulgarla y murió en 1833 tras haber jurado el trono su hija Isabel. Carlos tuvo que renunciar al trono y la reina María Cristina asumió la regencia. Contaba con el apoyo de los liberales moderados y los absolutistas reformistas, pero los realistas que pretendían la entronización de Carlos María Isidro rechazaron la monarquía vigente y le declararon la guerra. Así se inició la primera de las guerras carlistas. La implantación del nuevo orden liberal siempre contó con la oposición de los partidos dios del realismo.
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